Agradecemos a la asociación estatal de síndicos procuradores del estado de Sinaloa, A.C., organizadores de este evento, la invitación que hace a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para reflexionar sobre el control gubernamental en Sinaloa.
La evolución de los mecanismos de control gubernamental ha sido parte central de nuestra historia, como resultado de la responsabilidad de los ciudadanos de contribuir a los gastos del estado, y de su pleno derecho a vigilar el buen uso del patrimonio común.
En la transparencia y rendición de cuentas, su esencia la hayamos en los mecanismos institucionales de control gubernamental, correspondiendo éstos, a las funciones del control interno y externo.
Respecto al control interno, ha sido el Síndico Procurador el que ha estructurado los espacios de vigilancia de la gestión pública municipal, para garantizar el cumplimiento de las políticas públicas y de la normatividad establecida.
Desde otra perspectiva y para dar contenido a la división de poderes, el esquema adoptado en la organización política del estado, reservó al poder legislativo, la facultad del control externo, a través de la revisión del ingreso y gasto público y la sanción final en su aplicación.
La figura del Síndico Procurador surge en México en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos el 23 de diciembre de 1999 y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa el 20 de junio del 2001.
En nuestra entidad se crea a partir del año 2005 con un marco jurídico aprobado por el poder legislativo.
Este nuevo marco jurídico, contiene importantes avances, entre los que destacan los siguientes:
Es necesario establecer una estrecha coordinación entre los síndicos procuradores, y la ASE, con el propósito de eficientar el control interno y como resultado contribuir a mejorar el trabajo de ambos controles.
En el proceso de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado, detectamos siete áreas de oportunidad, sobre las cuales resulta necesaria una profunda reflexión para acabar con la opacidad y avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas.
En la primera de estas áreas se manifiesta en los recursos federales transferidos al municipio, lo que nos obliga a la búsqueda de acciones que garanticen su adecuado ejercicio, registro, supervisión, control, rendición de cuentas y fiscalización.
En la segunda área mencionamos que debemos avanzar en el actual sistema contable gubernamental, en el que los bienes patrimoniales que se adquieren, se registran inadecuadamente como partidas de gasto, provocando que dichos activos no se reflejen como tales en los registros de las haciendas públicas municipales.
Que impide disponer de un inventario integral del patrimonio municipal y, consecuentemente, de su adecuado registro, control, resguardo y preservación, propiciando prácticas ilícitas que implican un elevado riesgo de la desaparición de los activos.
Se destaca el logro alcanzado por el poder legislativo federal, con la aprobación de la ley general de contabilidad gubernamental, publicada en el diario oficial de la federación el 31 de diciembre de 2008, en el cual se establece “El Sistema de Homologación Contable en los tres niveles de gobierno, Federal, Estatal y Municipal que estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar, e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y las finanzas públicas”.
La tercera área, es la relativa a las pensiones y jubilaciones, las cuales, a la vez que representan anualmente compromisos crecientes ineludibles, no son reveladas como pasivos contingentes en la información financiera que se proporciona al poder legislativo.
En la cuarta área, se menciona que se requiere la construcción de un sistema de evaluación del desempeño basado en indicadores estratégicos, de gestión y de servicios, que permitan conocer la forma y grado de cumplimiento de las políticas y programas públicos, los procesos de la gestión gubernamental, la calidad de los servicios que se prestan y el desempeño de los servidores públicos. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar.
En la quinta área de oportunidad se localiza la mejora regulatoria en el municipio. La opacidad y la corrupción pueden ser abatidas con una mejora regulatoria firme y vigorosa por parte del gobierno municipal.
La sexta área de oportunidad se ubica en el establecimiento de una política de sueldos y remuneraciones que consolide todas las percepciones y considere tabuladores únicos de carácter universal, con límites mínimos y máximos, que eviten pagos adicionales discrecionales por conceptos no contemplados en la norma general.
La séptima área es complementar el marco jurídico del gobierno municipal, lo cual resulta de mayor importancia dotar al municipio, de las atribuciones y facultades suficientes para cumplir cabalmente sus funciones.
Son éstos, los espacios de reflexión que hemos estimado indispensable subrayar, para que se garantice la transparencia de los recursos que pertenecen a todos los sinaloenses, la rendición de cuentas debe ser pública, por que públicos son los recursos que se manejan.
Estamos convencidos que nuestro propósito es proyectar a la Auditoría Superior del Estado y al Síndico Procurador para promover la eficiencia y la eficacia, e impulsar la calidad de la gestión pública, el sentido proactivo de la actuación constituye, por si mismo, la mejor prevención contra las prácticas corruptas.
La transparencia y la rendición de cuentas no son una concesión a favor de la sociedad. Todos los sinaloenses tenemos derecho a saber qué se hace con los recursos de la población y qué acciones se toman frente a los grandes problemas estatales.
El Sinaloa al que aspiramos debe ser construido con el esfuerzo de todos, con base en el interés de las mayorías y el respeto al estado de derecho, a la verdad, al derecho a la información, al derecho de disentir.
Como mandatarios de la sociedad en cuanto a la fiscalización y la rendición de cuentas de los recursos que son del pueblo, tenemos una responsabilidad que trasciende los intereses particulares y que se inscribe en un compromiso que tenemos que honrar ante la sociedad.
Honrar este compromiso debe ser nuestra respuesta en cuanto al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Queda claro que éste, es un asunto de conciencia y de valores éticos en el ámbito de nuestra particular circunstancia.
Por todo esto, reflexionemos siempre; hagamos nuestra tarea con la convicción, de que servir a los demás, es privilegio de vida que compromete y proporciona una razón de ser a la existencia del hombre.
El reconocido jurista Ignacio Burgoa reiteraba lo siguiente “El Síndico es el encargado de vigilar y defender los intereses municipales, de representar jurídicamente al ayuntamiento, procurar la justicia y legalidad en la administración pública municipal, y vigilar el manejo y gestión correcta de la hacienda municipal”.
Por todo ello, fortalezcamos la figura del Síndico Procurador a favor de la transparencia y rendición de cuentas para beneficio de nuestra ciudadanía.
Muchas Gracias.
Culiacán, sin., marzo de 2009
MARCO ANTONIO FOX CRUZ
Auditor Superior del Estado de Sinaloa
