27 de junio de 2017

Culiacán, Sinaloa

 

01Emma Guadalupe Félix Rivera, en su carácter de ciudadana sinaloense y titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, presentó ante Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado, la iniciativa con proyecto de Ley que propone abrogar la actual Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para darle paso a una nueva, con la finalidad de mejorar la fiscalización en nuestro estado.

La propuesta de la Ley de la Auditoría Superior del Estado presentada, recoge aspectos de la experiencia y práctica del quehacer de este órgano de fiscalización ejercida a través de sus auditores quienes desempeñan día a día dicha función y cumple con los lineamientos establecidos en la reforma constitucional federal donde se creó a nivel constitucional el Sistema Nacional Anticorrupción.

Puntos relevantes de la propuesta de Ley:

  • Autonomía Presupuestaria.
  • Ampliación del universo de entidades fiscalizables. (Ej. Sindicatos, Fideicomisos y sector privado que reciban recurso público).
  • Se establece la anualidad para el proceso de fiscalización.
  • Modificación en los plazos de la entrega-aprobación de la Cuenta Pública.
  • Se reconoce a la Comisión de Fiscalización su papel de enlace entre la Auditoría Superior y el Congreso del Estado y ser el medio mediante el cual el Congreso requiere a la Auditoría Superior de aclaraciones, revisiones e informes sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización en relación a la revisión de la cuenta pública y el desempeño del Auditor Superior.
  • Se implementa la figura del Órgano de Control Interno, como la herramienta que constitucionalmente provee a la Auditoría Superior a través de la cual se aplicarán las medidas preventivas, correctivas y de seguimiento de las políticas y reglas de operación a los que deben de sujetarse el personal adscrito a la Auditoría.
  • Se otorgan facultades de investigación a la Auditoría Superior del Estado para que una vez concluido el proceso de fiscalización se fortalezca la integración del expediente en el cual se determinarán las conductas no graves, graves y hechos de corrupción. Asimismo el proceso de investigación se orientara a determinar la responsabilidad del servidor público adscrito a la Auditoría en la formulación deficiente de las observaciones.
  • De igual forma, se otorgan facultades para substanciar los procedimientos asociados a los expedientes de investigación remitidos a los distintos organismos que lo resolverán e impondrán las sanciones correspondientes.
  • Facultad de recurrir las resoluciones y determinaciones del Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscalía Especializada de los asuntos turnados.
  • La prescripción de las facultades de fiscalización se extiende de 5 a 7 años.

Emma Guadalupe Félix Rivera, destacó que las transformaciones jurídicas plasmadas en esta propuesta, responden al reclamo de la sociedad de combatir de manera integral la corrupción y erradicar la impunidad.

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