Conviene allegar algunos antecedentes de la evolución de los órganos de fiscalización en el marco del desarrollo histórico.

Es de España de donde nos viene la inspección, el ejercer la vigilancia sobre las cuentas de la hacienda pública; estas prácticas existen antes y desde de la conquista.

En el año de 1453, surge el Tribunal Mayor de Cuentas formado por las Cortes Españolas, como un órgano con funciones de inspección de las cuentas de la Hacienda Real y cuyas facultades se fortalecen con la fundación de la Casa de Contratación de Sevilla en 1503.

Así, los ingresos y gastos del conquistador Hernán Cortés eran estrictamente fiscalizados por los Reyes de España a través de su Tribunal de Cuentas, el cual realizó durante tres siglos la vigilancia de la Hacienda Real, hasta 1812 con la promulgación de la Constitución Española que instituye la división de poderes y mantiene su vigencia hasta la independencia.

La Constitución de Apatzingán perfila el tipo de relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo y muestra la evidente subordinación del último a la representación popular.

En 1834, aparece por vez primera el órgano denominado “Contaduría Mayor de Hacienda” y en 1836 el Congreso abroga la Constitución Liberal de 1824 al ser sustituida por las “Siete Leyes Constitucionales de la República Mexicana”, el gobierno conservador la rescata con sus mismas funciones y la enmarca en el artículo 52 de la Tercera, que establece que la Comisión Inspectora de la Cámara de Diputados vigilará el desempeño de la Contaduría Mayor de Hacienda.

La primera Ley Orgánica de la Contaduría Mayor, como órgano dependiente de la Cámara de Diputados se promulga en 1904, con las atribuciones de revisar y glosar las cuentas anuales del Erario Federal, los cobros y gastos autorizados debidamente comprobados.

Después, la Constitución de 1917, otorga al Congreso la facultad de expedir la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor y es durante el mandato del General Lázaro Cárdenas, cuando se expide el decreto referente a esta Ley en que se le asignan las atribuciones de: revisar y glosar las cuentas anuales del Erario Federal, Distrito y Territorios Federales, Beneficencia Pública, Lotería Nacional y demás oficinas que administren fondos o valores de la Federación; examinar las partidas de ingresos y egresos y realizar una revisión legal, numérica y contable de esas partidas, debidamente justificadas y comprobadas.

Así mismo, con la expedición de la nueva Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en 1978, se definió como el órgano de control y fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados, encargado de revisar las cuentas públicas, con el objetivo primordial de vigilar escrupulosamente el manejo de los fondos públicos, lo cual constituye una de las demandas más sentidas de la sociedad.

El 28 de noviembre de 1995, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reformas a los artículos 73, 74 ,78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya finalidad consistía en crear un nuevo órgano fiscalizador de la gestión gubernamental, en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda, el cual se denominaría Auditoría Superior de la Federación.

El 30 de julio de 1999 se publicaron en el Diario Oficial las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión, las cuales dieron origen a la Auditoría Superior de la Federación.

El 20 de diciembre de 2000 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Las entidades federativas, o sea, los Estados que conforman la República Mexicana, por su parte, crean órganos técnicos dependientes de sus legislaturas locales en forma similar al ámbito federal y con igual tipo de funciones y atribuciones, mismas que se extienden hacia los municipios, además de la propia estatal.

En Sinaloa, encontramos el primer dato referente al origen que nos lleva al Órgano de Fiscalización Superior fechado el 18 de abril de 1918, mediante el decreto número 48, expedido por la XXVII Legislatura, en cuyo contenido se plasmó en la ley orgánica de la Contaduría con un articulado de 16 enunciados, de los cuales el numeral 10 establecía su estructura encabezada por el Contador Mayor.

En la Constitución Política del Estado de Sinaloa de 1922, en la fracción XXII del artículo 43, se promueve en la Sección V del Capítulo II, compuesta por los artículos 53 y 54; el órgano técnico fiscalizador llamado” La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Sinaloa”.

La XXX Legislatura local aprobó la segunda ley orgánica, el 14 de abril de 1923, en su artículo cuarto incorpora los requisitos para ser Contador Mayor; el artículo tercero de esta Ley, contemplaba una nueva estructura de la Contaduría Mayor.

El 1º de diciembre de 1939, es aprobada una nueva ley orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la cual no representó ningún progreso, retornando la Contaduría Mayor a su estructura de 1918.

Con fecha del 10 de julio de 1981 se aprueba una Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la cual mantiene el esquema de la ley precedente, en la estructura y en las atribuciones de la Contaduría Mayor.

El 25 de junio de 1997 se establece La Ley Orgánica que rige a la Contaduría Mayor de Hacienda, y la define como el órgano técnico del Congreso del Estado en materia de vigilancia, fiscalización, control y evaluación de las haciendas públicas del Gobierno del Estado y de los municipios, así como de las finanzas de los organismos e instituciones de éstos, que administren recursos públicos.

Con fecha de enero de 2004, el titular del Poder Ejecutivo Estatal, envió al Congreso del Estado las modificaciones a la Constitución Política del Estado de Sinaloa al artículo 43, en sus fracciones XXII, XXII Bis y se reforman los artículos 53 y 54 con el propósito de crear la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

El 27 de octubre de 2004 se publica en el periódico oficial las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso del Estado, dándole vigencia al Órgano de Auditoría Superior.

El 23 de abril de 2008 se instituye La Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la cual sustenta jurídicamente la organización y funcionamiento de la Auditoría Superior, que asume y amplía las responsabilidades de la anterior Contaduría Mayor de Hacienda, y se distingue entre otras por las siguientes atribuciones:

1. Gozará de plena independencia y autonomía técnica y de gestión;

2. Son sujetos de fiscalización, los poderes del Estado, los municipios, los entes públicos estatales, municipales, y en general, cualquier persona física o moral, pública o privada, que recaude, administre, custodie, maneje o ejerza recursos públicos;

3. Fiscalización de los recursos de origen federal que ejerzan los poderes de los Estados, los municipios y los demás entes públicos fiscalizables; 

4. Elección de su titular a través de una convocatoria pública abierta; y 

5. Duración en el encargo de siete años y podrá ser nombrado nuevamente para un período mas, por una sola vez.

6. De la determinación de daños y perjuicios y del fincamiento de indemnizaciones y sanciones pecuniarias.

 

 

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